En las últimas semanas, el debate público en torno al concepto de gran tenedor ha vuelto a situarse en el centro de la conversación jurídica, mediática y administrativa en Catalunya. Ello se debe a que la Direcció General de Tributs de la Generalitat de Catalunya y la Agència de l’Habitatge de Catalunya han emitido un documento conjunto destinado a responder a las consultas trasladadas por el Col·legi Notarial de Catalunya, con el fin de clarificar cómo debe interpretarse esta figura tanto desde la perspectiva de la normativa de vivienda como desde el ámbito tributario, especialmente a efectos efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (modalidad TPO en Cataluña).
El documento, de carácter interpretativo, aborda cuestiones ampliamente discutidas por profesionales del sector inmobiliario, entidades financieras, notarios y asesores fiscales, tales como el cómputo del número de inmuebles, la determinación de superficies, el tratamiento de las zonas de mercado residencial tensionado, la consideración de determinadas tipologías de vivienda —incluyendo figuras como el coliving o los usos turísticos—, así como las implicaciones derivadas de la titularidad a través de estructuras societarias o del ejercicio de derechos reales como el usufructo.
Aunque este informe técnico está destinado principalmente a operadores jurídicos y económicos, su contenido ha tenido cierto eco en medios de comunicación generalistas y especializados. Diversas cabeceras, como El Periódico y la Agència Catalana de Notícies, han puesto el foco en aquellos aspectos que generan un mayor interés público: fundamentalmente, la confirmación de que en zonas de mercado residual tensionado la condición de gran tenedor puede alcanzarse con cinco o más viviendas; o las consecuencias tributarias asociadas a esta condición, especialmente en lo relativo al tipo incrementado del 20 % aplicable en determinadas operaciones inmobiliarias. También se ha destacado el impacto que estas interpretaciones pueden tener en el mercado del alquiler y en la planificación patrimonial de grandes operadores inmobiliarios.
Los medios han puesto de manifiesto que el concepto de gran tenedor no es únicamente una categoría técnica, sino un elemento con repercusiones sociales y económicas que incide tanto en la regulación del mercado de la vivienda como en la estrategia de inversión de muchos actores privados. Por ello, la publicación de este documento ha sido recibida como una oportunidad para aportar mayor claridad en un ámbito donde concurren distintas normativas —estatal, autonómica y sectorial—, a veces generando dudas entre los profesionales que intervienen en la transmisión, gestión o explotación de viviendas.
Aun así, pese a la amplitud de las cuestiones tratadas, consideramos que algunas áreas pueden requerir futuras precisiones o desarrollos adicionales a medida que se consolide la práctica administrativa y se produzcan nuevos pronunciamientos o criterios interpretativos.